La imposición del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a los servicios profesionales para cuadrar el presupuesto provocará, contrario a lo que asegura el gobernador Alejandro García Padilla, que los costos de muchos trabajos se disparen, habrá desaceleración de la economía y el consumidor terminará sufriendo las consecuencias.
Ángel Luis González Carrasquillo, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, aseguró ayer que la clase media y trabajadora será la que reciba el impacto directo de esta medida porque serán ellos los que absorberán el alza cuando quieran comprar propiedades, alquilar negocios y solicitar consultorías de varios profesionales.
"Con la imposición del IVU el aumento en nuestros costos se tiene que pasar hacia adelante. Esto significa claramente que los proyectos encarecerán, los inversionistas podrían optar al final por no hacerlos, se perderá la creación de empleos, los profesionales se quedarán sin trabajo y podría haber fuga de profesionales fuera del país mientras nuestra economía sigue hundiéndose", analizó González Carrasquillo.
El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores se unió al llamado del Colegio de Abogados y del Colegio de Peritos Electricistas para solicitarle a García Padilla que busque otras alternativas que fomenten mayor captación y más fiscalización, en vez de esta alternativa impositiva que afecta la creación de nuevos empleos y la operación de los negocios.
"Una obra necesita de un ingeniero mecánico, electricista, el agrimensor, el civil y cuando vienes a ver ese proyecto sencillo ahora tendrá una cascada de aumentos y cargos adicionales que se sumarán a los honorarios. Esta medida es algo nefasto, que en vez de fomentar que la economía mejore, lo que va a hacer es que la va a destruir por completo", puntualizó González Carrasquillo.
Ana I. Rivera Lassén, presidenta del Colegio de Abogados, señaló por su parte en conferencia de prensa ayer que la nueva propuesta del Gobierno tendrá un impacto negativo en el acceso a la justicia para las personas de escasos recursos pues provocará un aumento en los gastos administrativos que a su vez se reflejará en las tarifas.
"Más que un camino de imposición, esta administración debe seguir un paso de mayor fiscalización y pedirnos a la comunidad de profesionales que ayudemos a desarrollar maneras o sistemas que puedan ayudar a mejorar la situación económica del país. Esta medida afecta el acceso a la justicia y los costos para los practicantes de derecho", subrayó Rivera Lassén.
Mientras, William López, presidente del Colegio de Peritos Electricistas, añadió que la imposición del pago del nuevo IVU de 6.5% en la compra de materiales será un nuevo costo el cual a este grupo de profesionales le será imposible absorber. "Tendremos que pasarlo al cliente", dijo.
Cordialmente,
Rolando Emmanuelli-Jiménez, J.D., LL.M.
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