Por redacción de Sin Comillas
El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), a través de su presidenta Pilarín Ferrer, expresó su oposición a la propuesta de enmiendas a la Ley 1 de 2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", en particular a la eliminación de la exención del cobro de Impuesto de Ventas y Uso ("el IVU") a las profesiones designadas relacionadas a la construcción.
"El CAAPPR reconoce los esfuerzos gubernamentales para resolver la comprometida situación fiscal del país. No obstante, estamos convencidos de que promoviendo la industria de la construcción proporcionalmente promovemos el desarrollo económico de Puerto Rico siendo la actividad de construcción uno de los indicadores de crecimiento más cuantificables. Las medidas propuestas en lugar de fomentar este objetivo de desarrollo, promover la creación de empleos y el fortalecimiento fiscal, encarecen el proceso de construcción".
Actualmente los arquitectos y arquitectos paisajistas subcontratamos un sin número de servicios profesionales relacionados al proceso de diseño y gerencia de proyectos a diferentes escalas. En la mayoría de los casos, nuestros proyectos se trabajan en equipo. Imponer el cobro de IVU a cada uno los servicios profesionales que intervienen en esta cadena productiva, implica un aumento para el cliente ya que además de cobrarle el IVU habría que reconocer mayores gastos operacionales. El proceso de desarrollo, planificación, diseño y construcción se encarece; lejos de ser fomentado.
En los últimos años hemos podido constatar, a través de la merma en venta de estampillas requeridas en las solicitudes de permisos de construcción, cómo ha habido un decrecimiento en los desarrollos de construcción. Nuestros colegiados han tenido que cerrar oficinas por falta de proyectos, empleados a tiempo completo están siendo contratados a tiempo parcial o por servicios profesionales y algunos hasta están trabajando en otras disciplinas no relacionadas a la profesión. Si queremos fomentar la construcción para a su vez impulsar la economía, no podemos encarecer el proceso y hacerlo menos accesible. Hay que reconocer que además hay un sinnúmero de factores fuera de nuestro control que a su vez pueden encarecer nuestra práctica; entre ellos están los pagos de arbitrios municipales y estatales, salario mínimo, costo de materia prima de construcción (acero, cemento, cobre), costo de energía, combustible y seguros entre otros.
La arquitecta Ferrer añadió que "la imposición de un impuesto por servicios prestados tendría un impacto negativo en nuestra práctica profesional, en la industria de la construcción y por lo tanto en el país".
El CAAPPR es una organización cuasi pública creada con el fin de velar por los intereses y responsabilidades del gremio y fomentar el conocimiento y aprecio de la arquitectura y la arquitectura paisajista, entre otros deberes.
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