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La cifra, aunque se antoja elevada, no es la más alta. En el mes de abril se alcanzó un nivel récord 96,000 personas desempleadas que no buscaban trabajo porque creen que no lo van a encontrar, pero esta marca pasó desapercibida para los medios de comunicación. En junio, los desalentados son 88,000, según los datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
La crisis lleva siete años destruyendo empleos. Se han perdido unos 250,000 empleos desde el 2006 y sólo en los primeros seis meses de este año se han perdido 16,000 puestos de trabajo. Pero lo peor es que cada vez hay menos personas dispuestas a trabajar. El número de personas en el Grupo Trabajador lleva seis años reduciéndose. Y no es que no quieran trabajar, es que creen que con la crisis económica es imposible encontrar empleo. Y ya llevan mucho tiempo buscando. Es lo que técnicamente se conoce como "efecto desánimo".
Las 88,000 personas que el Departamento del Trabajo clasifica como "desalentados" no tienen empleo, pero como no lo buscan tampoco se les considera desempleadas. El aumento de esta cifra ha ayudado a reducir la tasa de desempleo, pero paradójicamente si cambiaran de opinión y empezaran a buscar empleo podrían elevar la tasa de desempleo.
El número de desalentados creció 3.5% entre mayo y junio y 2.3% cuando se compara con el mes de junio del año pasado. Hay 3,000 más que en el mes de mayo, pero la cifra se ha reducido. En los meses de febrero, marzo y abril se mantuvo por encima de los 90,000.
Los desalentados suelen ser desempleados de larga duración. Pero poco se conoce de su perfil. Lo único que se desprende de los daos del Departamento del Trabajo es que la mayoría son hombre, un 74%. No hay información sobre su edad o el tiempo que llevan sin trabajar.
http://sincomillas.com/el-desanimo-se-dispara-88000-personas-ya-no-buscan-empleo/
El gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley Núm. 68 para incentivar la venta de viviendas. El estatuto enmienda la Ley Núm. 16-2011 con el fin de permitir una extensión de los beneficios de la referida ley a las unidades de vivienda cuya fase de construcción se encuentre, como mínimo, a un 50% de su realización.
"La presente enmienda la Ley Núm. 216-2011 persigue atender el asunto de miles de propiedades que comenzaron a construirse durante este periodo pero que, por una u otra razón, no se han completado. Es necesario que estas residencias sean completadas y que tanto vendedores como adquirientes se beneficien de los incentivos de la referida Ley Núm. 216-2011", reza el estatuto en su Exposición de Motivos.
Entre los incentivos que otorga la ley para toda venta de vivienda elegible se encuentran: exención de la contribución sobre la propiedad inmueble por cinco años, aplicable a todo adquiriente o inversionista de una vivienda; exención del 100% del pago por concepto de sellos de rentas internas y comprobantes para todas las partes involucradas en la venta de la vivienda; exención del pago de comprobantes para la inscripción en el Registro de la Propiedad; exención del pago de la contribución alterna básica y la contribución alterna mínima sobre la ganancia neta producto de la venta de la vivienda.
La secretaria de Hacienda junto al consejo del director de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda establecerán las guías necesarias para la implementación de las disposiciones de las presentes enmiendas a la ley. De igual forma, el director de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda tendrá la encomienda de realizar el Registro de Unidades de Vivienda Elegible en un periodo que no excederá los 60 días posteriores a la aprobación de esta ley.
LEY 68-2013 – Incentivos Vivienda
No será mañana ni el mes entrante, pero el período de tipos de interés históricamente bajos comienza a llegar a su fin y de no tomarse acción pronto y de manera contundente, el ajuste de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos se convertirá en otro pellizco al bolsillo de la gente y las empresas y por ende, a la economía de Puerto Rico.
De acuerdo con el principal oficial ejecutivo de Oriental Bank, José Rafael Fernández; el presidente de Fembi Mortgage en la Isla, Agustín Rojo; y el economista Joaquín Villamil, una vez los intereses comiencen a subir, los préstamos hipotecarios en la vecindad de 3% o de préstamos comerciales por debajo de 7% serán cosa del pasado. Y con ello, también pueden desvanecerse los prospectos de mejoría en el sector de bienes raíces, en la actividad prestataria a nivel comercial y en la economía como un todo.
"Ciertamente, se anunció que van a subir (los intereses), pero no todavía", dijo Fernández.
Según el banquero, durante las pasadas semanas, la fluctuación en los tipos de interés ha sido secuela directa de la gran influencia que tiene la Fed, y en especial, de su presidente Ben Bernanke, en la toma de decisiones de negocios y en los mercados.
"Bernanke habla y los mercados obedecen. Ese es el escenario en que estamos", prosigió el líder de Oriental Bank.
"Los comentarios de Bernanke afectaron muchísimo", coincidió Rojo, recién electo presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico. "Estamos viendo una volatilidad bien grande en el mercado, de día a día y de semana a semana".
Política flexible
Por casi cuatro años, y luego de la crisis financiera del 2008, la Reserva Federal ha mantenido una política de amplia flexibilidad en materia de intereses. Mientras el Comité de Mercados Abiertos (FOMC, por sus siglas en inglés) ha mantenido entre 0% y 0.25% la tasa de fondos federales, la Reserva también autorizó la compra de cantidades masivas de bonos de hipotecas, una estrategia que en inglés se describe como "quantitative easing" o QE. Grosso modo, una tasa de fondos federales baja permite que el coste de fondos de los bancos -al tomarse prestado entre sí- resulte bajo, facilitando la actividad prestataria, mientras que el llamado QE busca, entre otras cosas, que las tasas de largo plazo, como la que se paga en una hipoteca a 30 años, también se mantengan a la baja.
Lo que ha dado pie al alza
Desde hace unos meses, las minutas del FOMC subrayan el interés explícito de los gobernadores de la Reserva por comenzar a recoger vela en materia de política monetaria, particularmente, en reducir la compra de bonos hipotecarios. Esa intención -aunque suavizada hace casi una semana por Bernanke en una ponencia ante el Congreso federal- propició un alza súbita en intereses hipotecarios.
El efecto Bernanke
Según Fernández, con las declaraciones de Bernanke, las tasas de interés en hipotecas llegaron a 4.75% y hace aproximadamente una semana, volvieron a la zona de 4.35%.
"Será una tendencia lenta a la subida, pero siguen siendo intereses bien bajitos", dijo Fernández al señalar que todavía la economía estadounidense no da señales contundentes de crecimiento.
Más temprano o más tarde, de acuerdo con el economista Joaquín Villamil, Puerto Rico se benefició de ese ambiente por los pasados años, de la misma forma en que también se benefició de estructuras que ya no existen como los incentivos contributivos bajo la sección 936 del Código de Rentas Internas federal y los fondos de estímulo federal, bautizados con el acrónimo ARRA.
Y ahora, a medida que la economía de Estados Unidos mejora, el ajuste de política monetaria por parte la Reserva "no son buenas noticias para Puerto Rico", dijo el economista en entrevista con El Nuevo Día.
"Eso va a aumentar el costo de financiamiento en Puerto Rico, particularmente, préstamos hipotecarios y préstamos comerciales de largo plazo", explicó el presidente de los directores de Estudios Técnicos.
"No se debe pensar que habrá una recuperación en el mercado de bienes raíces de Puerto Rico en el próximo año", dijo Villamil.
Riesgo ponderado
El economista reveló que para el presente año fiscal, los estimados de su firma, Estudios Técnicos -que siempre incluyeron como riesgo principal un alza en los tipos de interés- apuntan a que la economía de Puerto Rico exhibirá una contracción, situándose en -1.3%.
La difícil situación económica que viven muchos en Puerto Rico, sumada al desempleo, está provocando que cada día más personas pierdan sus hogares y en los pasados cuatro años, 17,120 familias se hayan quedado en la calle.
Datos ofrecidos por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) establecen que desde el 2008 Puerto Rico está registrando un alza en las ejecuciones y en los primeros cinco meses de este año 2,145 familias perdieron sus residencias.
El precio de la gasolina ha subido entre 5 y 8 centavos el litro en los primeros días de julio, según los datos que publica el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
En lo que va del 2013, unas 51,542 familias en la Isla han enfrentado el riesgo de perder sus viviendas.
La razón para ello es que actualmente hay 18,343 casos en proceso de ejecución y unos 33,199 casos permanecen en la División Legal del banco por tener 90 días en retrasos en el pago de su préstamo hipotecario.
http://www.noticel.com/noticia/144420/sobre-50-mil-familias-en-riesgo-de-ejecucion-hipotecaria.htmlLas ventas de cemento cayeron 24.0% en mayo, la novena caída consecutiva. La ventas pasaron de 1,846 miles de sacos en mayo de 2012 a 1,403 de sacos en el mismo mes de este año. En los primeros seis meses las ventas disminuyeron 17.5%.
In the case of In re Mort Ranta, the 4th Circuit Court of Appeals held that Social Security income should be excluded when calculating disposable monthly income in Chapter 13 cases. This means debtors are not required to pay Social Security income into their Chapter 13 plan, even if not paying it results in a surplus in their budget.
First, some background…
Prior to our current Bankruptcy Code being enacted, Social Security income was like any income. If the debtor had $2,000 in income from wages and $1,500 in Social Security benefits, the debtor had $3,500 a month in income as a starting point for determining disposable monthly income–that income exceeding what the debtor needs for reasonable monthly expenses.
But the "new" Bankruptcy Code changed that back in 2005. It defined current monthly income as the average income derived and received by the debtor in the six months prior to the month in which the debtor files bankruptcy, and it very clearly excluded Social Security income. Using our example above, current monthly income ("CMI") includes the $2,000 per month in wages, but excludes the $1,500 in Social Security income.
It's like those tunnels in Virginia. If you don't drive in, you don't drive out.
If you've ever driven in Virginia, you've driven through the a tunnel or two. But if you decided not to drive into the tunnel, you couldn't drive out. This is how I explain this issue to my clients as it relates to Social Security income: If it's not counted as income in the first place (not part of "current monthly income") then it's not part of your disposable income. For example, prior to the enactment of the new Bankruptcy Code in 2005, if you had $3,500 of income and $2,000 of expenses, your disposable monthly income would be $1,500. Pretty simple.
So, too, after the new code was enacted, if you have $3,500 of income but don't count the $1,500, the math looks like this: $2,000 minus $2,000=$0. So our post-2005 senior citizen would not be required to pay anything into her Chapter 13 plan. She could pay in something if she wanted to–such as an amount necessary to pay off a car or cure a mortgage arrearage–but she would not be required to do so.
Seems pretty straightforward. Why all the fuss?
The fuss arose because, like many provisions in the 2005 code, this makes no sense. One can make an argument that elderly folks should be treated differently, but if they have income to devote to repaying creditors, the Bankruptcy Code should require that it be pledged to the plan over the "applicable commitment period" of three to five years.
And because this makes no sense, bankruptcy judges and Chapter 13 trustees found an end run around the Social Security exclusion by taking the position that if the debtor's Chapter 13 plan did not pledge all available income, including Social Security income, then the plan must not be proposed in good faith–a requirement of the Code. Bankruptcy judges and Chapter 13 trustees don't like the idea of debtors pocketing (if we use our example) $1,500 a month which would otherwise be available to repay creditors. That's $90,000 which would otherwise be paid into a Chapter 13 plan.
Over the years other circuit courts of appeal have decided this issue as the 4th Circuit just did: Social Security is excluded from the debtor's disposable income and, by extension, his plan payments. The 4th Circuit ruled as it did because the plain language of the Code excluded Social Security income. The Court further stated, in a footnote, that failure to pledge Social Security income, by itself, would not constitute bad faith. In other words, this decisions marks the end of the end run for judges and trustees in the 4th Circuit. The holding makes perfects sense because it is illogical to view something as bad faith when the Code specifically allows it. As the saying goes, "Equity follows the law." Judges can't contravene the law solely because they think it's unfair.
The Court made what the Code plainly says even more clear: Debtors are not required to pay their Social Security benefits into their Chapter 13 plans but may, at their option, use those funds if they want to do so to make the plan feasible.
Personal remarks:
First, from all of us representing consumer bankruptcy clients, I'd like to say congratulations to Virginia Bankruptcy Lawyer, Dan Press, who represented the debtor, Robert Mort Ranta, in this matter. I'd also like to congratulate Tara Twomey of the National Association of Consumer Bankruptcy Attorneys–NACBA–who filed an Amicus brief in the case. These two attorneys are nationally known, and those of us who labor in this area of law owe a great debt to them.
Second, if you receive Social Security income and haven't filed bankruptcy, see a bankruptcy lawyer to evaluate your options. If you live in any of the states in the 4th Circuit, filing a Chapter 13 just got a lot more appealing. (Those states are Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, and South Carolina.)
Third, this provision in the Code excluding Social Security is a testament to what groups can achieve when they get organized. AARP is a powerful lobby. Young voters suffering with the student loan crisis should take note and get organized. All too often young people don't vote or otherwise demand to be heard. We now have a student loan crisis, and that needs to change.
Lastly, the 4th Circuit judges who decided this case should be commended for following the law, rather than re-writing it to their liking. If debtors have to bear the many onerous burdens of the 2005 Code, they should also get its benefits. All too often courts have taken a "heads we win; tails you lose" approach to dealing with consumer debtors. The 4th Circuit didn't do that, and those judges should be commended.
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Las quiebras siguen al alza y para junio se radicaron 935 casos, un incremento de 2% al comparar la cifra con ese mismo mes el año pasado.
Si se analiza la primera mitad del presente año, también hay más casos registrados, unos 213 adicionales a los de hace 12 meses, según el Boletín de Puerto Rico.
El total de quiebras ascendió a 5,454 desde enero hasta el 30 de junio, un alza de 4%.
Según el Boletín, todos los capítulos, con excepción del 12 -que se relaciona con negocios del agro-, han experimentado aumentos durante estos primeros seis meses.
El capítulo 7 -liquidación- reportó un aumento de 4% al contabilizar 1,875 quiebras; mientras el capítulo 11 -Reorganización- incrementó en 17% al registrar 110 casos en los primeros seis meses del año.
El capítulo 13 -referente a las finanzas de individuos- es el que más quiebras ha registrado, con un total de 3,465, para un incremento de 4% en la primera mitad de 2013.
Los casos de quiebra relacionados con agricultores han mermado al compararlos con el año pasado, y hasta junio se habían radicado solo ocho, un 53% menos que en el 2012 para el mismo periodo. Cabe señalar que el año pasado hubo muchas vaquerías que se acogieron a la Ley de Quiebras.
Se acaba de anunciar en estos días el cierre de la Academia Santa Teresita (AST). La AST está localizada en la Calle Loiza de Santurce. Su desarrollo coincidió con el desarrollo urbano del vecindario que vio emerger en terrenos anegadizos costeros la primera urbanización suburbana de San Juan, v.gr., Ocean Park. Luego se construyeron otras que fueron expandiéndose hacia el Este. Así pues, se desarrollaron Santa Teresita y Punta las Marías. Para dar servicios a este desarrollo suburbano incipiente de clase media y media alta, se construyó el primer supermercado. Se ubicó en el predio que hoy ocupa la panadería Kasalta en la esquina de las calles Santa Cecilia y McLeary. La marca comercial de la franquicia fue A&P. La Academia Santa Teresita se desarrolló conjuntamente con la iglesia que lleva el mismo nombre en veneración de la santa. El crecimiento de la institución se dio en armonía con el modelo suburbano adoptado por el país al finalizar la II Guerra Mundial. La academia comenzó con grados de escuela primaria y continuó desarrollándose hasta incorporar, en un moderno edificio, la escuela superior.
Ahora bien, la expansión del suburbio en Puerto Rico aceleró y adquirió una velocidad explosiva durante las décadas del 1950 al 1970. La expansión se dio hacia las afueras de San Juan en busca siempre, de las tierras más baratas y fáciles de desarrollar mediante el modelo residencial de unidades pequeñas. Eventualmente, el concepto del condominio hizo su entrada y comenzó a emerger en áreas anteriormente urbanizadas. Se buscaba arrancar más valor de los predios de terreno desarrollados por vía de alta densidad. La especulación con terrenos y luego con las propiedades mismas hizo que los precios de las unidades vivienda se dispararan.
El costo de las unidades de vivienda fue mitigado por subsidios a su financiación y por el subsidio enmascarado del automóvil como modo de transportación. El automóvil transformó, no sólo el modo de transporte, sino la cultura misma. La clase media encontró viable abandonar los viejos barrios urbanos para irse al suburbio.
Ese fenómeno de expansión y emigración de las familias, cada vez más distante de lo que habían sido los espacios urbanos, conllevaba graves implicaciones para las escuelas. Especialmente para las escuelas privadas que habían sido fundadas y construidas en los barrios residenciales de San Juan y el área adyacente. La emigración de familias comenzó con algunas a las que se les miraba con cierto grado de admiración por las que quedaban atrás. Las que quedaban atrás tenía ciertas características. Generalmente, aun no poseían automóvil. Los jefes de familia eran menos jóvenes. Sus ingresos eran inferiores. El valor de sus propiedades era relativamente bajo.
Los barrios residenciales de San Juan comenzaron un proceso de empobrecimiento. Ese proceso fue acelerándose con la llegada de una nueva población que al principio pasó desapercibida. Se trataba de inmigrantes que provenía de las Islas Vírgenes. Se les llamaba los Tórtolos, porque algunos venía de Tortola. Luego comenzaron a llegar muchos dominicanos. Esta inmigración era distinta a la que se dio desde principios de la década del 1960. A raíz de la revolución en Cuba, la clase media cubana emigró en grandes contingentes. Su destino se concentró en la Florida y en Puerto Rico.
Muchos cubanos eran de clase media. Se dedicaban al todo tipo de comercio y actividad profesional. Se destacaron en las áreas de la publicidad, de bienes raíces, de profesiones asociadas con la construcción y el desarrollo. Contribuyeron significativamente a la oferta y a la demanda por las nuevas alternativas de vivienda que surgían por doquier.
Los otros grupos de inmigrantes participaron de la expansión de la construcción proveyendo mano de obra. Poblaron los barrios abandonados por las familias que se desplazaron a los suburbios.
En paralelo al proceso de expansión urbana se dio otro fenómeno que tendría graves implicaciones sociales. El gobierno adoptó el modelo de vivienda pública desarrollado en los EEUU para proveer alojamiento temporero a familias obreras en períodos de recesión. En los EEUU le llamaban "projects"; en Puerto Rico se les denominó "caseríos". Eventualmente, el termino "caseríos" dio paso al de "residenciales" en un ejercicio de "polítical correctness".
El más grande de esos caseríos se construyó a una cuadra de la Academia Santa Teresita. Se le bautizó con el nombre de Llorens Torres. Se construyó al cruzar la calle Loiza, al sur de la urbanización Punta Las Marías. Esta ubicación respondió parcialmente a una teoría del gobernador Luis Muñoz Marín. Consistía la misma en que la ubicación contigua de los caseríos y las urbanizaciones promovería una relación de enriquecimiento cultural para las familias de los caseríos. Estas familias eran, en buena proporción, desplazadas de los arrabales que formaron en terrenos ganados a las aguas del estuario de San Juan.
La AST eventualmente recibió la totalidad de los efectos de aquellos portentosos procesos que cambiaron la estructura urbana, económica y social de Puerto Rico. Las familias a las que proveía escuela para sus hijos, emigraron a urbanizaciones cada vez más lejanas. Los barrios residenciales en su área de mercado se empobrecieron. Las familias inmigrantes no tenían la capacidad económica para ver como opción un colegio privado para sus hijos. Menos aun, las familias envejecidas y sin hijos en edad escolar, que fueron quedando. Menos aún, las familias que habitaban los caseríos circundantes. El mayor de todos, Llorens Torres. De hecho, el concepto de temporalidad y apoyo social anticíclico se desvirtuó. Los residentes de los caseríos se convirtieron en permanentes. Hoy hay familias de quinta generación que residen esos complejos marginados de la economía formal.
En la medida que el centro urbano fue repoblándose con un estrato social sin la capacidad para adquirir educación por vía de instituciones privadas, la viabilidad de la AST se desvaneció. Sólo era posible sostenerla por gracia de subsidios cada vez más crecientes de la orden Carmelita. En su origen, la AST contaba con una facultad provista por monjas de la orden de Servidoras del Corazón Inmaculado de María. Para finales de la década del 1960, la orden comenzó a retirarse de la AST.
Como suele suceder, cada evento de cambio reforzaba el proceso de deterioro del vecindario, debilitaba el mercado de la AST y la hacía menos viable. Eventualmente, llegó el momento inevitable. Se secó la fuente de matrícula, se agotó la fuente de subsidio, se menoscabó el acerbo de capital real de sus estructuras, se perdió el capital humano de su facultad y cerró.
Viví la historia que relato aquí. Estudié mis primeros grados en el Liceo Puertorriqueño. Estaba ubicado en la calle Estrella. Fue demolido para dar paso a la construcción de la Avenida Baldorioty de Castro y específicamente para viabilizar la entrada norte al tunel Minillas. Desde quinto grado estudié en la AST y me gradué de escuela superior en 1960. Sufrí el desgarre que conllevaba ver a mis amigos irse del barrio y de la academia. Sufrí la marginación que estaba asociada con no tener automóvil. La ruptura era más que geográfica en naturaleza. Se trataba de un distanciamiento social. El fenómeno urbano a mi alrededor dictaba las posibilidades en todos los sentidos. Luchar contra esa fuerza descomunal requirió del sacrificio más absoluto de mis padres de crianza. Lo hicieron, contra viento y marea, a través de mi educación universitaria.
Lo que sucedió en mi vecindario, lo que le sucedió a mi academia le está sucediendo al país. Vamos, aceleradamente, camino a hacer permanentes y extendidas las condiciones típicas de los ghettos urbanos a través de toda la isla.
* El autor es economista y planificador.
twitteremaillinkedin
Las ventas al detal disminuyeron 2.3% en marzo. Esta es la segunda caída consecutiva. Los mayores caídas se produjeron en las ventas en tiendas de pinturas, cristales y papeles de empapelas y concesionarios de autos. Aumentaron las ventas en ferreterías y tiendas de ropa.
Las ventas aumentaron de $3,050 millones en marzo 2012 a $2,982 millones en marzo de este año, según datos de la Compañía de Comercio y Exportación ajustados estacionalmente.
Las ventas aumentaron 21.76% en tiendas de variedades, 9.66% en tiendas de ropa de mujer, 7.36% en estaciones de gasolina y 6.29% en ferreterías.
Por otro lado, las ventas cayeron, principalmente, en tiendas de pinturas, cristales y papeles de empapelar (-17.42%), concesionarios de autos (-16.16) y tiendas de efectos para automóviles y para el hogar (-8.79%).
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En mayo se radicaron 994 quiebras, 81 más que hace un año. La cifra supone un alza de 8.9%, el segundo consecutivo, según cifras preliminares de Boletín de Puerto Rico.
Las quiebras han estado reduciéndose durante 13 de los últimos 16 meses, tras aumentar durante cuatro años consecutivos.
Las quiebras comerciales ascendieron 290, principalmente corresponden a contratistas de construcción, desarrolladores, mecánicos, restaurantes y cafeterías. La deuda total es de $724.2 millones, un 15% menos que el año pasado.
En 2012 se radicaron 10,357 quiebras. La cifra, representa una reducción de 8%. Se trata de la segunda caída consecutiva tras cuatro años de fuertes subidas.
Las quiebras alcanzaron su nivel más alto en el 2010, con 12,376, 9.6% más que en el 2009, la cifra más alta desde el 2005, cuando el presidente George W. Bush, firmó la nueva Ley de Quiebra.
