La autora señala que los empleados activos los que llevan la mayor carga en las propuestas para reformar el Sistema de Retiro. Cree que se debe analizar la constitucionalidad de las propuestas, ya que incautan el 10% de la retribución, el 80% de las ganancias de los empleados públicos y despojan a los empleados del 20% de sus ganancias amerita un análisis sobre su constitucionalidad.
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