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"Decisiones difíciles" a la vista

Virtual presidente del BGF anticipa nueva dosis de 'medicina amarga'

El banquero David Chafey (segundo de derecha a izquierda) anticipó medidas apremiantes para salvar el Sistema de Retiro. EL VOCERO / Ingrid Torres
Mayol aseguró que el impacto de la Ley 7 en la ASR fue uno mínimo. EL VOCERO / Ingrid Torres

Con un déficit estructural en el Sistema de Retiro de cerca de $700 millones y un problema de flujo de caja en Hacienda, la Administración entrante enfrenta un reto fiscal monumental que requerirá "medidas no muy agradables", aceptó ayer el banquero David Chafey, quien forma parte del Comité de Transición.

Al aclarar que el gobernador electo, Alejandro García Padilla, estableció que 'los más necesitados' no se van a afectar por la situación económica del País, Chafey –mencionado para presidir el Banco Gubernamental de Fomento– anticipó que habrá que tomar "decisiones difíciles".

"Vamos a evaluarlo todo. A los más necesitados no los vamos a tocar, pero cierta medicina hay que tomarla", reaccionó al ser cuestionado acerca de si el País tendrá que tomar otra dosis de 'medicina amarga'. Chafey dijo que hay que tomar acciones en los próximos 30 años, que no se tomaron en los pasados 20 para salvar el Sistema de Retiro de empleados públicos. "Hay que ser suficientemente serios para atender problemas que otros no han atendido", sentenció el banquero.

El expresidente del Banco Popular aceptó que la situación es apremiante y que necesitarán ofrecerle soluciones a las agencias acreditadoras. "Quieren ver cómo trabajamos esto en los próximos 60 a 90 días", indicó. Anticipó que podrían considerar "muchas ideas no agradables" y recordó que hubo una comisión bipartita que ofreció recomendaciones que "hay que evaluarlas". "Vamos a ver esas alternativas. El gobernador electo aseguró que los más necesitados no van a sufrir con estos cambios; el dinero tiene que aparecer aunque haya que hacer un sacrificio", añadió.

Y planteó que debe haber un grupo de los tres partidos principales que aporten opciones para solucionar la situación. Se mostró confiado en que la nueva Asamblea Legislativa piense primero en el bienestar del País antes que en las diferencias políticas.

Mientras, el contador público autorizado Juan Acosta Reboyras –también del comité– reaccionó a un panorama en el que el Sistema de Retiro cuenta con fondos hasta el 2021, tiene solo $25 millones en caja, vende sus acciones cada tres meses y usa los intereses para pagar las pensiones. De no tomarse acciones efectivas, a partir del año fiscal 2022-23 recaería esa responsabilidad sobre el Fondo General, ya que el Retiro se quedaría sin activos y constitucionalmente las pensiones están garantizadas.

Planteó que "todo es salvable; todo es cuestión de a qué costo. En estos momentos no tenemos y no hemos hablado de crecimiento económico particular. Es una situación que requiere la más alta y seria atención".

Acerca del impacto de la Ley 7 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal) del 2009 sobre el Retiro, la copresidenta cuestionó la aseveración del director ejecutivo del Sistema de Retiro, Héctor M. Mayol, quien a preguntas del presidente del Comité de Transición saliente, dijo que fue mínimo.

Kenneth McClintock le preguntó sobre las personas que retiraron las aportaciones que tenían acumuladas y este contestó que no todas, "quizás con la esperanza de regresar al servicio público". Entretanto, el Retiro retuvo el dinero que los patronos habían aportado a esos empleados y que tendrá que pagar menos beneficios en el futuro.

Por otra parte, trascendió que cada mes fallecen cerca de 300 pensionados.

De la salud fiscal del Retiro depende la calidad de los bonos, enfatizó a preguntas del Comité, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Juan Carlos Batlle, quien también depuso ayer.

De no encontrarse soluciones a la situación y concretarse una devaluación del crédito de Puerto Rico ante las casas acreditadoras, el País tendría que asumir deuda a intereses más altos, o en última instancia, recurrir a la banca privada, expuso Batlle. "Una degradación podría aumentar los costos", advirtió.

En cuanto al uso del margen prestatario del Banco para solventar la liquidez de la caja del Departamento de Hacienda para pagar la nómina a finales de este año fiscal, en lugar de recurrir a la deuda en el mercado, Batlle le contestó a Juan Acosta Reboyras, del Comité entrante, que "no sería lo que yo recomendaría, pero si está allí y puede enviar un mensaje positivo a las casas crediticias y te permite ir al mercado…".

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