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Empero, durante este año, Instituciones Financieras solo ha auditado tres establecimientos. Mientras la agencia aseguró que redoblará sus esfuerzos de auditoría, algunos indicadores apuntan a que el sector de casas de empeño podría continuar creciendo a pasos agigantados.
"Las casas de empeño han llenado un vacío para las personas que no tienen acceso al crédito, que no tienen un historial de crédito bueno o capacidad para asumir deuda", reconoció el comisionado de la OCIF, Rafael Blanco, quien vinculó el aumento en los establecimientos a las restricciones impuestas por la banca, entre otras instituciones financieras, para distintos préstamos, y algunos indicadores negativos de la economía puertorriqueña. Sin embargo, el alza también se relaciona con el amplio acceso para el empeño de vehículos de motor.
Antes de la aprobación de la ley, los vehículos al tratarse como cualquier otra prenda solían dejarse en la custodia de las casas. Pero ahora el dueño puede "quedarse" con la propiedad, aun cuando se coloca un gravamen sobre la misma con la entrega de su título.
Solamente en un negocio auditado se encontró un 70 por ciento de incumplimiento en los pagos del "crédito prendario" de los carros, las guaguas, motoras, entre otras propiedades clasificadas como vehículo de motor.
"Han proliferado las casas de empeño y los establecimientos donde solo se empeñan títulos de propiedad. Hay mucha accesibilidad. Es tan fácil como llevar el papel del título. No hay divulgación de crédito", sostuvo la comisionada auxiliar de Exámenes No Depositarias de OCIF, Ivelisse Colón, quien cuenta con 18 examinadores para unas 700 instituciones no depositarias, que –además de las casas de empeño– incluyen casinos, financieras y servicios monetarios, entre otros establecimientos.
Aunque el tipo de interés cobrado por las casas de empeño permaneció inalterado con los cambios en la ley, este puede resultar sumamente oneroso con las cuantías que podría recibir el consumidor por el empeño de un vehículo de motor. Los intereses, que se cobran de una manera escalonada, podrían significar una tasa anual de interés (APR, por sus siglas en inglés) de 365 por ciento. "Para el ciudadano promedio, no es fácil entender el cómputo. Por eso es que estamos requiriendo la tasa de porciento anual. Ha habido un aumento en las querellas por los intereses. A la gente le choca y en su gran mayoría son reclamaciones por empeños", indicó la funcionaria.
No obstante, otros conocedores de la industria aseguran que las pocas auditorías que se realizan se focalizan en las casas con mayores ventas. Estas también tienden a ser visitadas con más frecuencia por la Policía para la verificación de mercancía robada, aunque la agencia no pudo ofrecer datos concretos sobre la cantidad de allanamientos que realiza en los establecimientos.
La necesidad por realizar más auditorías apremia ante un sector que puede estar generando cerca de $30 millones anuales, según cifras del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC).
A esto se suman muchos otros negocios que ofrecen los préstamos sin contar con una licencia de casa de empeño.
"El empeño siempre ha existido, pero los establecimientos grandes, los establecimientos que cumplen con la ley, son los que pagan por los más pequeños. En esa economía subterránea se empeña de todo y esto pasa desapercibido", indicó el dueño de uno de los negocios que prefirió mantenerse en el anonimato.
Por otro lado, Gilberto Arvelo, mejor conocido como "Dr. Shoper", arremetió contra el Gobierno por no proveer una infraestructura que pudiese fiscalizar el dramático aumento en los establecimientos que se dedican a esta práctica.
"El Gobierno ha sido negligente en este sentido" , aseguró.
You've been slapped with a notice of a student loan offset. It can be reduced.
The offset means that your tax refund or Social Security benefits will be used to pay a federal student loan. Your bankruptcy lawyer already told you that you can't qualify for a hardship discharge because you have a modest standard of living. (Yeah, a bankruptcy hardship discharge is that tough.)
Here's some help – and I hope my colleagues won't yell too loudly at me for straying from a strict bankruptcy topic. You can ask for a full or partial "hardship reduction" of the student loan offset. Your expenses must be less than the standards used by the IRS to see if you can afford to repay any of your debt. Both the Department of Education and the bankruptcy Means Test use the same standards.
The DOE responded to an inquiry from the wonderful folks at the National Consumer Law Center (a great resource for All Things Consumer) and said so:
"We use the cost of'living standards published annually by the Internal Revenue Service to determine baseline allowable expenses for housing, transportation, etc. (These standards can be found at the IRS.gov website.) We also consider the borrower's circumstances and may make reasonable modifications to the baseline standards accordingly." National Consumer Law Center, Student Loan Law (4th ed. 2010), 135.
Oddly enough, these expense standards are not unusually harsh.
Let's be clear. This does not make the loan go away – you need to explore the special DOE programs for reduced payments (even down to zero) which will lead to a discharge down the road. But it allows you to SURVIVE, and that is A Good Thing.
If you've gotten this far in trouble, you really REALLY need to explore an affordable way out. You've played Ostrich. You're learning that Denial is more than just a river in Egypt. Time to 'fess up, pick yourself up, and Take Care Of Business.
Most people who end up in bankruptcy choose that path. That's why it's sometimes called "voluntary bankruptcy." However, there is another, much-lesser-known, type of bankruptcy which can be useful for creditors known as "involuntary bankruptcy."
Section 303(b) of the Bankruptcy Code provides that an involuntary petition may be filed against a debtor who's not generally paying its debts as they come due by three creditors who hold claims that: (a) are not contingent as to liability or the subject of bona fide dispute as to liability or amount, and (b) aggregate at least $14,425. See 11 U.S.C. § 303(b).
However, when a bankruptcy is filed against a company or person, it does not automatically bankrupt them. The "alleged" debtor is given a chance to rebut the allegations in the petition before an order for relief enters and they are a bankruptcy debtor subject to the duties and rights of the Bankruptcy Code. The primary dispute is often whether the claims held by the petitioning creditors are in bona fide dispute.
When determining whether a bona fide dispute exists, once prima facie claims have been established, an alleged debtor in an involuntary case cannot rely on simple denials as to the validity of a claim, but must demonstrate substantial factual or legal questions that bear upon the issue liability. If there is a genuine issue of material fact about the debtor's liability, or a legitimate dispute of law pertaining to disputed facts, then the involuntary bankruptcy will be dismissed.
Once an involuntary bankruptcy is allowed, a separate order for relief will enter, and the case will proceed more-or-less like if the debtor had filed the case on its own.
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